Naturgy pide a Ribera certidumbre legal para evitar el desplome de los contratos con la industria
El presidente de Naturgy, Franciso Reynés, ha pedido a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con quien se ha reunido este miércoles, certidumbre legal para evitar el desplome de los contratos con la industria, que está realizando paros en las fábricas por el alza del precio de la electricidad.
Es una de las propuestas que ha hecho el máximo directivo de la gasista, que está pendiente de conocer el resultado de la OPA del fondo australiano IFM. Naturgy quiere que el Gobierno confirme el carácter transitorio y temporal de las medidas recogidas en el real decreto aprobado el 14 de septiembre, que se convalida este jueves en el Congreso, «y asegurar que su aplicación sea sólo de seis meses», explican fuentes de la empresa. «De no ser así, esta incertidumbre hará imposible firmar ningún tipo de contrato o de PPA a largo plazo», señalan.
Además, la gasista ha solicitado que la minoración prevista en este real decreto «no se aplique a las tarifas a precio fijo/PPAs para clientes industriales firmadas antes del 14 de septiembre, porque esto impediría el desarrollo de las renovables».
El encuentro se enmarca en la ronda de reuniones de Ribera con los máximos responsables de las compañías energéticas para tratar la situación del mercado eléctrico español en un contexto de alza del precio de las materias primas y las recientes medidas regulatorias anunciadas por el Gobierno de España.
La compañía ha valorado «positivamente» el encuentro con la ministra y el diálogo constante entre administraciones y actores económicos para abordar soluciones en sectores clave para España, como es el energético.
El presidente de Naturgy ha reiterado a la ministra la importancia y valor del compromiso de la compañía con la sociedad y se ha reafirmado en su voluntad de mantener su apoyo a sus clientes con medidas dentro del margen de actuación de la compañía.
Cabe recordar que Naturgy anunció a principios de septiembre su Iniciativa Compromiso (60 euros por MWh por 2 años sin condiciones), que mantiene a pesar de las medidas lanzadas con posterioridad por el Gobierno y recogidas en el citado decreto.
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